Se cumplieron 3 años del incendio que le costó la vida a 10 personas entre bomberos, rescatistas y personal de defensa civil. La causa no tiene procesados y los familiares luchan solos por una justicia que se escabulle. "Los muertos de Barracas se discriminan, no existen para los medios. Valen como otros muertos. Acá hay corrupción y lavado de dinero, por eso esto no se va a saber nunca", se lamentan los familiares de las víctimas.
06-02-2017
Este domingo, 5 de febrero, se cumplieron 3 años de la tragedia de Iron Mountain.
Casi sin cámaras, sólo con un móvil televisivos que transmitía en directo (Crónica TV); sin multitudes que los acompañaran, y con el desgarrador dolor de los familiares y compañeros de las víctimas, se llevó a cabo el acto que recordó la tragedia, en el depósito que tenía la empresa Iron Mountain en Barracas.
Hace 3 años, lo que comenzó como un incendio al que acudieron gran cantidad de dotaciones de bomberos de la Policía Federal, junto con bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, acabó con la vida de diez personas cuando se derrumbó una pared y dejó bajo los escombros a quienes intentaban ingresar porque se les había informado que adentro había gente que podía estar cercada por el fuego.
Probablemente sólo un bombero sienta de ese modo el ulular de la sirena. Sólo ellos saben qué se les despierta en el cuerpo, en el cerebro, en el alma cuando salen en rescate de algún siniestro. Y probablemente sólo ellos puedan describir lo que sienten cuando esa sirena no suena para anunciar una "salida" sino que suena en recuerdo de quienes perdieron la vida; de quienes dieron su vida y la arriesgaban a diario, por cumplir con un deber que habían elegido no somo trabajo, sino como modo de vida. La sirena sonó a las 9.15, erizando pieles y derramando lágrimas que algunas en silencio, otras entremezcladas con gritos en los que se mencionaban los nombres de quienes se consideran responsables de la tragedia, fueron el momento más emotivo del acto con que se recordó a las víctimas de ese fatídico día.
Hace 3 años se hablaba de desgracia; de una pared que no debió ceder hacia afuera pero lo hizo; de un incendio que no se comprendía el por qué de la magnitud. Debieron pasar días para que la tragedia se enlutara aun más. Días donde se empezó a develar que el incendio fue intencional; que lo que allí se guardaba eran papeles sensibles de bancos, empresas y surgieron nombres como HSBC; maniobras como "lavado de dinero" y años más tarde, hasta la vinculación con Panamá Papers.
También se supo que hubo responsables políticos que no sólo habilitaron un lugar que no tenía las condiciones de seguridad necesarias, sino que además taparon las consecuencias de un incendio intencional, donde ya no importaba si tenía el lugar o no las condiciones de seguridad pertinentes, porque de todas formas la intención era que no sobreviviera un solo papel. El problema, claro está, es que tampoco sobrevivieron diez personas y que sus familiares no sólo aun piden, claman, exigen justicia, sino que también deben lidiar con un sistema judicial que los ignora; con una sociedad que no se compromete con su causa; con medios que eligen mirar hacia otro lado y con funcionarios que les pinchan los teléfonos y los amenazan de muerte. Aunque parezca increíble, no es parte de una película de suspenso. Es el día a día de quienes se pusieron la lucha al hombro.
Por caso, el cuestionadísimo Juan José Gómez Centurión es uno de ellos.
El excombatiente de Malvinas, luego carapintada y más tarde funcionario de los gobiernos (local y nacional) de Mauricio Macri, es uno de los señalados como responsable político en el caso Iron Mountain, y también denunciado por uno de los padres por haberlo amenazado telefónicamente.
Por ahora, el dictamen de la fiscal de instrucción Romina Monteleone, quien pidió 32 indagatorias, lo excluye. Pero entre los potenciales indagados hay varios ex funcionarios que dependían del área que Gómez Centurión, hoy titular de la Aduana, encabezaba en el gobierno porteño cuando ocurrió la tragedia del depósito de Barracas. Esta semana el funcionario de Macri también fue noticia por sus declaraciones negacionistas sobre la dictadura.
La Dirección General de Fiscalización y Control depende jerárquicamente, por ley, de la Agencia Gubernamental de Control, cuyo director fue Gómez Centurión.
La Dirección General de Fiscalización y Control es un área clave para la habilitación y el funcionamiento de establecimientos como el depósito de Iron Mountain. En la causa se relata que ese organismo incumplió sus funciones, omitió inspecciones y, tácita o explícitamente, consintió situaciones irregulares que luego tuvieron alta incidencia en la tragedia que costó la vida a diez personas.
La titular del área era Vanesa Ileana Berkowski. Su nombre se repite en Cromañón, Beara, Iron Mountain, pero también en otros episodios de menor repercusión mediática, como habilitaciones de complejos teatrales y geriátricos también teñidos de tragedia.
Según la fiscal, "han existido acuerdos espurios entre funcionarios públicos y personal de la empresa responsable de la explotación del depósito incendiado, mediante el cual los primeros han otorgado un trámite irregular a un expediente y han omitido hacer algo relativo a sus funciones a cambio de una contraprestación". Gran parte de los funcionarios que dependían de Gómez Centurión fueron formalmente acusados en el dictamen. Gómez Centurión, aún, no.
¿Por qué? Uno de los expedientes de habilitación de Iron Mountain desapareció. Y Gómez Centurión inició un sumario administrativo para su búsqueda. Eso, de momento, parece beneficiarlo. Pero si el juez de instrucción Pablo Ormaechea aceptara las indagatorias, lo que los imputados declaren en esa instancia podría alterar el actual estado de las cosas.
La "pérdida" del expediente es en sí un episodio difícil de explicar. Pero no fue lo único que se perdió. También desapareció un informe sobre el "hierro estructural" del galpón, vinculado con "los revestimientos" de protección contra el fuego. Es decir un resguardo para evitar un colapso en caso de incendio. "A pesar de los esfuerzos realizados por esta Fiscalía por arrimar al legajo una copia de la nota CE98177/08, ello no fue posible toda vez la Agencia Gubernamental de Control informó que no obra en el expediente una copia de ella y al consultarse el sistema informático (SADE), su búsqueda arrojó resultado negativo", señala el dictamen. Otra vez la Agencia Gubernamental de Control.
Tras el acto con el que se recordó el aniversario, los familiares de las víctimas pidieron "justicia" y advirtieron que "el responsable es Juan José Gómez Centurión y nunca lo citaron porque está apañado por el presidente Mauricio Macri".
"Los gritos contra Macri y Rodríguez Larreta fueron porque eran los responsables de lo que pasó, uno por ser jefe de Gobierno y el otro por ser el vicejefe", expresaron en declaraciones a Crónica TV, el único medio que transmitía en vivo la ceremonia.
"Ellos están tapando esto, Gómez Centurión está apañado por Macri", denunció un familiar mientras que otro manifestó que va "a esperar que se vayan del gobierno, faltan tres años, pero vamos a esperar y se hará justicia".
La hermana de Baricola expresó "indignación porque no podemos ir contra semejantes poderosos, la causa se cajonea, se compran testigos, se venden abogados" y afirmó que "los verdaderos responsables siguen en el poder, con altos cargos, siguen premiados".
Otro familiar denunció que "muchos seguimos con los teléfonos pinchados, las víctimas pasamos a ser victimarios. Esto nunca va a tener justicia".
"Los muertos de Barracas se discriminan, no existen para los medios. Valen como otros muertos. Acá hay corrupción y lavado de dinero, por eso esto no se va a saber nunca", expresó.
"El señor Monticelli denunció a Gómez Centurión y la justicia no tomó cartas en el asunto. Gómez Centurión lo amenazó y sigue y lo siguen apañando", denunció y preguntó "los fiscales, ¿por qué no nos acompañan en esto?".
El homenaje se hizo en el marco del ulular de sirenas, cascos en alto y venia de policías y bomberos que recordaron a las víctimas mortales junto a familiares y vecinos.
Jorge Campos, padre de Julián, dijo que las víctimas mortales eran "personas nobles, ellos dieron la vida. Exijo inmediata respuesta a esta falta de respuesta a todos los bomberos".
"Honor y gloria para todos nuestros camaradas. Todos somos iguales, todos combatimos el fuego, rescatamos personas, a eso dedicamos la vida", destacó.
El padre de Maximiliano Martínez, en tanto, leyó los nombres de los diez fallecidos y pidió que "ojalá esto nunca vuelva a pasar, tenemos que estar todos muy unidos y no dejar que nos pasen por arriba".
"Pedimos justicia porque la causa no avanza", aseguró también Jorge Campos, bombero y padre de Sebastián Campos, una de las víctimas, y reclamó que "pasaron 3 años y recién ahora llaman a indagatoria, ¿para qué?".
Campos criticó que en que la causa se demostró que el incendio "fue intencional y no pasó nada. "ueremos saber cuáles fueron las responsabilidades y que paguen acorde a eso".
"Nuestro único objetivo es mantener viva su memoria y pedir por justicia. Honor y gloria para nuestros camaradas", señaló Campos en el acto, en donde a las 9.15 se realizó un minuto de silencio y se hicieron sonar las sirenas de los autobombas para conmemorar a las víctimas.
En tanto, Ricardo José Martínez, padre de Maximiliano Martínez, otro de los fallecidos en el incendio, leyó los nombres de los muertos en la tragedia y apuntó: "Gracias por recordar. No olvidemos para que esto no vuelva a pasar. Que vayan presos los responsables. Al que prendió fuego le pido que le diga a sus hijos que el dinero que le pagaron está manchado con sangre", denunció.
"En la propagación del incendio objeto de la pesquisa incidieron una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes", escribió la fiscal en su resolución.
El incendio en el depósito de Iron Mountain de Barracas se produjo el 5 de febrero de 2014 y, según los peritos de la Policía Federal, las llamas que ocasionaron el derrumbe de la edificación y provocaron la muerte de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil, fueron intencionales.
En el lugar murieron los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica (primera mujer en convertirse en Bombero de esa fuerza), Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los bomberos voluntarios del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.
Lo cierto que es que después de 3 años, no hay avances. No hay certezas. No hay procesados. No hay ningún responsable tras las rejas. Ni siquiera hay indagados, sólo "llamados" y la lista no abarca todos los nombres que debiera tener. El hilo se corta por lo más fino generalmente, pero acá, ni siquiera pareciera haber hilo.
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